Santo Domingo, República Dominicana – La propuesta del presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, de que los partidos políticos sean considerados «sujetos obligados» bajo la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos, ha encendido el debate público en la República Dominicana. La iniciativa, que busca combatir la infiltración del narcotráfico en la política, ha generado diversas reacciones y la exigencia de reformas electorales profundas.
Paliza anunció que el PRM presentará ante el Congreso Nacional un proyecto para modificar la Ley 155-17, con el objetivo de someter a los partidos a controles antilavado similares a los aplicados a bancos y otras entidades reguladas. Esto implicaría que las organizaciones políticas tendrían que reportar movimientos financieros, realizar auditorías internas y verificar el origen de sus fondos y la procedencia de sus militantes. El funcionario subrayó la necesidad de implementar «controles reales y no discursos» ante los recientes casos de narcotráfico vinculados a figuras políticas, reconociendo la indignación ciudadana y afirmando que los expedientes y extradiciones demuestran que las instituciones operan sin presiones partidistas. Además, hizo un llamado a cualquier dirigente político, sin importar su partido, vinculado a actividades ilícitas a entregarse a las autoridades.
Reacciones y Exigencias de Transparencia
La propuesta de Paliza fue rápidamente respondida por el político Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Domínguez Brito exigió total transparencia a Paliza, pidiéndole que revelara los nombres de otros dirigentes del PRM que podrían ser objeto de procesos de extradición. El dirigente del PLD enfatizó que la lucha contra el narcotráfico debe prevalecer sobre los intereses partidistas.
Por su parte, el partido Frente Amplio (FA) calificó el discurso de «cambio» del PRM como «contradictorio y políticamente insustancial». La organización opositora argumenta que, a pesar de la amplia mayoría congresual del oficialismo, no se han impulsado reformas estructurales al régimen electoral que impidan efectivamente la penetración del narcotráfico en las estructuras políticas y que generen igualdad de oportunidades. El Frente Amplio recalcó que, mientras los partidos continúen aceptando candidatos con «fortunas imposibles de justificar» y no existan controles estrictos sobre el origen de los recursos de campaña, no habrá autoridad moral para hablar de cambio.
En la misma línea, Participación Ciudadana (PC) valoró la inclusión de los partidos políticos como sujetos obligados, una demanda histórica de la entidad. Sin embargo, consideró que el mensaje de Paliza «se queda corto» al no abordar la opacidad del financiamiento político. La organización cívica alertó que el alto costo de las campañas electorales y la falta de fiscalización y transparencia en la Ley Electoral actual, que es una de las más opacas de la región, facilitan la entrada de dinero ilícito del narcotráfico y el lavado de activos en el sistema político.
La discusión en torno a la propuesta de José Ignacio Paliza y las demandas de reformas electorales robustas evidencian la creciente preocupación en la sociedad dominicana por la integridad de su sistema político y la necesidad de acciones contundentes para blindarlo contra la influencia del crimen organizado.
