El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó sentencia contra tres personas involucradas en un esquema de fraude inmobiliario que afectó a la empresa Costa Dorada S.A., propietaria de terrenos turísticos de alto valor en la zona de Baní, provincia Peravia.
Detalles de la sentencia judicial
Tras un largo proceso judicial, el tribunal, presidido por la magistrada Clarivel Nivar Arias e integrado por las juezas Clara Castillo y Jisell Soto, impuso las siguientes penas:
- Rafael Olegario Helena Regalado (abogado): 6 años de prisión.
- Ailec Paloma Soto Garabito: 4 años de prisión.
- Judith Francesca Aguasvivas Báez: 3 años de prisión.
Los tres fueron hallados culpables de asociación de malhechores y uso de documentos falsos. Aunque el tribunal rechazó la calificación de falsificación de documentos, estableció que el grupo utilizó medios ilícitos con el objetivo de apoderarse de manera fraudulenta de la empresa Costa Dorada S.A., la cual posee más de 6.3 millones de metros cuadrados de terreno frente al mar, colindantes con el proyecto Puntarena.
Indemnización millonaria y daños causados
Además de las penas privativas de libertad, el tribunal ordenó a los tres condenados y a la sociedad civilmente demandada, Global Multibusiness Corporation (GMBC), el pago conjunto y solidario de 100 millones de pesos en concepto de indemnización por daños y perjuicios.
El monto favorece a las empresas legítimas dueñas de la sociedad, entre ellas:
- Hilari Mayol, S. A. S.
- Mayol & Co, S. R. L.
- Okra Company, L. T. D.
- Grand Cays Corporation.
Durante la lectura de la sentencia, los jueces ponderaron el marco constitucional, orientando las penas hacia la reinserción social. El tribunal lamentó que las involucradas, siendo mujeres jóvenes, se vieran vinculadas a un entramado que gestionó fraudulentamente una suma superior a los 300 millones de pesos.
El fallo desestimó los argumentos de la defensa que intentaban minimizar el valor actual de los inmuebles, reafirmando que las acciones delictivas causaron un perjuicio económico significativo a los propietarios legítimos.
