El Ministerio Público de la República Dominicana puso en marcha la denominada «Operación Cobra», con el objetivo de judicializar y buscar sanciones penales contra una red de corrupción que presuntamente desfalcó al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) con miles de millones de pesos.
El Ministerio Público pone en marcha la Operación Cobra
La operación, dirigida por el procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora Mirna Ortiz, se activó con 12 allanamientos ejecutados por 25 fiscales y más de 200 agentes de la Policía Nacional.
El principal propósito de la «Operación Cobra» es lograr el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público, además de las sanciones penales correspondientes. La Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, enfatizó el compromiso de que los responsables «retornen al Estado dominicano cada peso sustraído».
Los imputados enfrentan cargos por múltiples delitos, incluyendo coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. El Ministerio Público señala que este fue un esquema de corrupción sistemático instalado por el exdirector ejecutivo de la ARS, en coalición con funcionarios y la participación de prestadores de servicios de salud.
Lista de imputados y la última detención
Inicialmente, el Ministerio Público ejecutó el arresto del exdirector del SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, y otras siete personas, sumando un total de ocho detenidos.
Los arrestados incluyen a exfuncionarios clave de la entidad como:
- Gustavo Enrique Messina Cruz (exgerente financiero).
- Germán Rafael Robles Quiñones (exconsultor jurídico).
- Francisco Iván Minaya Pérez (exgerente de Salud).
También fueron detenidos cuatro suplidores de la administradora de riesgos: Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Posteriormente, se ejecutó el arresto de Rafael Martínez Hazim, quien se presentó a la Procuraduría General de la República junto a su abogado, sumando un total de nueve imputados en el caso. Su abogado, Carlos Balcácer, negó que su defendido tenga parentesco con el exdirector Santiago Hazim. La solicitud de medida de coerción se conocería al día siguiente para los nueve apresados.
Confrontación legal: La defensa vs. el Presidente
El caso ha generado reacciones a nivel ejecutivo y legal. El presidente Luis Abinader manifestó que la investigación que ordenó arrojó «fuertes indicios de actos graves de corrupción» y ordenó a Senasa constituirse en actor civil para «recuperar cada peso robado».
En respuesta a estas declaraciones, Miguel Valerio, abogado de Santiago Hazim, cuestionó la postura del mandatario. Valerio afirmó que no comprende «cómo un demócrata interfiere en un caso judicializado» y recordó que la Constitución consagra el debido proceso, la presunción de inocencia y la justicia independiente.
