El manejo de los fondos públicos en el sector transporte de la República Dominicana se encuentra bajo la lupa. Una reciente investigación del periódico Listín Diario reveló que el Gobierno dominicano ha entregado más de RD$9,000 millones en subsidios de combustibles a diversas federaciones de choferes desde el año 2021. El esquema, diseñado originalmente como una medida temporal tras la pandemia del COVID-19, se convirtió en una asignación presupuestaria permanente financiada con los impuestos de los ciudadanos.
Lo que genera mayor controversia es que las organizaciones más beneficiadas están dirigidas por prominentes senadores del partido oficialista. Esto ha despertado serios cuestionamientos sobre la discrecionalidad y la falta de transparencia en la distribución de estos recursos estatales.
El Origen del Millonario Subsidio al Gasoil
De acuerdo con los documentos oficiales obtenidos y publicados por el periódico Listín Diario, la historia comenzó en septiembre de 2021. En ese momento, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) firmaron un convenio de colaboración.
El argumento principal fue mitigar el impacto del encarecimiento internacional del petróleo provocado por la crisis sanitaria. En su primera etapa, el pacto comprometió RD$304,990,000 extraídos de las arcas del Estado para un periodo de cinco meses, distribuidos entre 14 federaciones de transporte terrestre.
A pesar de tener una fecha de caducidad clara, en marzo de 2022 ambas instituciones extendieron el beneficio mediante una serie de adendas. Desde entonces, se han firmado al menos ocho adendas al contrato original, lo que disparó el gasto total por encima de los 9 mil millones de pesos en entregas de gasoil regular. El tope mensual, que inició en 61 millones de pesos, escaló vertiginosamente hasta superar los RD$250 millones al mes.
Senadores Oficialistas Concentran la Mayor Parte de los Fondos
La investigación detalla que el reparto del dinero no se realiza de forma equitativa y carece de criterios técnicos públicos. Tres grandes organizaciones concentran más del 70% de la totalidad de los subsidiosotorgados por el Estado dominicano:
- Conatra (Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte): Dirigida por el senador de Santiago Rodríguez, Antonio Marte (aliado al PRM). Pasó de recibir el 28.48% en el convenio inicial a acaparar un 33.3% del total general para finales de 2023.
- Fenatrado (Federación Nacional de Transporte Dominicano): Presidida por Ricardo de los Santos, actual presidente del Senado de la República y legislador por Sánchez Ramírez. Mantiene una asignación fija cercana al 25.8% de los fondos.
- Fenatrano (Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción): Liderada por el opositor Juan Hubieres. A diferencia de las anteriores, su participación fue reducida del 18.73% original a un 13.1%, coincidiendo con la inclusión de nuevas federaciones en el programa.
Ninguno de los documentos analizados justifica bajo qué fórmula o cantidad de choferes y flotas se ejecutan estos porcentajes, lo que apunta a un esquema de asignación a discreción de las autoridades del MICM y del Intrant.
Falta de Auditorías y Cambio en la Ruta del Dinero
Uno de los hallazgos más críticos radica en la procedencia de los fondos públicos. En el registro inicial ante la Contraloría General de la República en 2021, el dinero provenía de la cuenta de «Apoyo Presupuestario Recursos Externos», vinculada habitualmente a préstamos u organismos internacionales.
Sin embargo, a partir de marzo de 2022, el código de financiamiento cambió al «Fondo General». Esto significa que el subsidio mutó silenciosamente a una obligación permanente cubierta en su totalidad por los impuestos recaudados a los contribuyentes dominicanos, sin que mediara una auditoría previa o una evaluación pública de resultados.
Hasta la fecha, las autoridades gubernamentales no han ofrecido explicaciones técnicas de por qué el monto necesario para este subsidio continúa en aumento, ignorando los periodos de estabilidad o baja en los precios internacionales del petróleo crudo.
